martes, 29 de septiembre de 2020

¿…y por todos?,,


                                                  De/Cristhian Jiménez

 Un elemento fundamen­tal en las ac­ciones de un ministerio público independiente es que el ritmo de trabajo no lo marca la dinámica política. Anteriores sincronizaciones concluyeron en descrédito de falsas iniciativas contra la corrupción.

Un dirigente perremeis­ta en Procuraduría hubie­se abierto el circo al día si­guiente de la asunción de Luis Abinader, aunque falta­ran algunas manos de pintu­ra al escenario desde donde se formularían ruidosas acu­saciones.

El librito político, ante la conjunción de las graves cri­sis sanitaria, económica y social, hubiese recomenda­do inmediatas citaciones y persecuciones. Aumento de muertes y contagios por Co­vid, más denuncias, hubiese sido la fórmula.

Las posibles críticas ante la presentación de un presu­puesto altamente deficitario y las previsibles protestas de un difícil enero, se ahoga­rían con las denuncias más escandalosas sobre corrup­ción, de acuerdo a la tradi­cional fórmula de asesores y manejadores de crisis.

En esta ecuación no in­teresa que se desinflaran casos que con tiempo su­ficiente pudieran susten­tarse adecuadamente para garantizar condenas, y se frustrara nuevamente a los dominicanos.

En un escenario politi­zado, claro que se reviviría a un partido abatido, pero con 20 años de experien­cia del manejo del poder y con enormes recursos eco­nómicos.

Hubiese sido ideal para el grupo dominante en el PLD, por aquel “principio” perverso de responder a crisis internas creando un enemigo externo o magni­ficando las contradiccio­nes con el adversario para acallar la disidencia o nue­vamente postergar los re­clamos de revisión y rees­tructuración.,

Danilo Medina sale pre­maturamente al ruedo es­perando ese embate, pese a que no ha habido articu­lación política, para tratar de encabezar la defensa del PLD, cuando en reali­dad buscaría relegitimar­se, defender a su subgrupo, posible centro de las inves­tigaciones por corrupción, y evitar que se establezcan responsabilidades por la di­visión y posterior derrota y salida del poder de la orga­nización.

Algunos desesperan des­de los ámbitos partidarios y sociales al recordar el latro­cinio pasado, pero los fis­cales afincan las pisadas y organizan, reestructuran, refuerzan, buscan informa­ciones maliciosamente ex­traviadas.

En la famosa Pepca, por ejemplo, habían más de 300 casos de investigación de corrupción en una “mor­gue”, desde principios de si­glo, según su nuevo director Wilson Camacho.

Yeni Berenice Reynoso di­rectora de Persecución ad­virtió que no quedará sin investigar ninguna denun­cia que tenga que ver con la sustracción de un peso del Estado y proclamó: “Vamos con todo y por todos”.

Y Miriam Germán, Procu­radora General de la Repú­blica (los tres en Despierta con CDN) alertó que en las declaraciones juradas “hay un mundo de informacio­nes” y que no quedarán nin­guna sin investigar, de los funcionarios salientes y de los entrantes.

Ante las tres revelaciones, podrían recrudecerse las sa­tanizaciones de dirigentes perremeistas contra los in­dependientes (“le dije a Luis que no lo hiciera”, murmu­ran algunos), visto que hay investigaciones pendien­tes desde 2003 y todos los gobiernos, como en el ca­so Odebrecht, están en” la tómbola”.

Ese “mundo de informa­ciones”, afecta significativa­mente a los salientes por los evidentes enriquecimientos desde el poder, pero tam­bién complica la vida a mu­chos de los funcionarios en­trantes.

Difícil de sostener nu­merosas declaraciones ju­radas de montos altos y bajos, si se realizan inves­tigaciones rigurosas de los patrimonios.

Los que tienen historial productivo o familiar, jus­tificarían los teneres, pero podrían chocar con los re­gistros de impuestos en la DGII. Y eso que algunos se auxiliaron de verdaderos expertos y de hábiles ma­ñosos.

Algunos funcionarios de alto nivel podrían pasar por momentos difíciles. Ya al­gunos sabios recomiendan asumir el camino del alcal­de de Pedro Brand, que atri­buyó un error a su hija y le “tumbó” mil millones a la declaración original.



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