Los magistrados condieran que la valoración jurídica que llevó al tribunal a imponer prisión permanente es válida y desestiman los recursos interpuestos tanto por la defensa de la acusada como por la acusación particular
La Sala de lo Penal del alto tribunal avala el criterio de la Audiencia de Almería y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ratifica el máximo castigo penal para Quezada en una sentencia donde desestima los recursos interpuestos tanto por la defensa de la acusada como por la acusación particular.
Consideran los magistrados que la valoración jurídica que llevó al tribunal a imponer prisión permanente es válida y estuvo suficientemente fundamentada y estima que el veredicto que dictó el jurado estaba motivado.
Los hechos sucedieron en febrero de 2018, cuando el niño pasaba unos días en casa de su abuela en Las Hortichuelas Bajas, en Níjar (Almería).
El día 27, Gabriel salió a jugar con unos primos y Quezada, pareja de su padre, le instó a que le acompañara a una finca en Rodalquilar, donde, de «forma intencionada» y «súbita» le lanzó contra el suelo o pared y le tapó «la boca y la nariz con fuerza» hasta que logró «vencer su resistencia y provocar su fallecimiento», según declaró probado la sentencia.
La búsqueda de Gabriel se prolongó once días, en los que Quezada «simuló encontrarse afligida», daba ánimos a la familia y generaba «falsas expectativas» sobre su aparición e incluso llegó a colocar una camiseta del menor sobre unas matas para distraer la atención de los agentes.
Fue detenida el 11 de marzo, cuando, tras desenterrar el cuerpo de Gabriel de la finca y meterlo en el maletero de su coche, llegaba a su domicilio de la localidad almeriense de Vícar.
La Audiencia de Almería la condenó al máximo castigo penal y la impuso también tres años de prisión por un delito de lesiones psíquicas al padre del menor, Ángel Cruz; dos años y nueve meses por otro a la madre, Patricia Ramírez, y tres por un delito contra la integridad moral.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó la prisión permanente pero la absolvió de las lesiones psíquicas a los padres.
No accedió, sin embargo, a repetir el juicio, como pidió Quezada, que quería ser juzgada por un tribunal profesional y no un jurado; y también los padres del menor, que entendían que las instrucciones de la magistrada durante la entrega del objeto de veredicto pudieron impedir que el jurado tuviese en cuenta el ensañamiento con el que, según defiende la familia, actuó la condenada.
Quezada volvió a solicitar un nuevo juicio al Supremo, que ahora estudiará su recurso. Los padres del menor también recurrieron.
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