San Juan, 24 nov (EFE).- Los Fiscales Especiales
Independientes (FEI) que investigan a funcionanarios públicos en Puerto Rico no encontraron pruebas suficientes para acusar al exgobernador Ricardo Rosselló y su círculo más cercano en el caso del chat de Telegram que desembocó en su renuncia, aunque matizaron que hubo limitaciones de investigación en el expediente que mandó el Departamento de Justicia.
Los fiscales de la FEI a cargo de la investigación entendieron que no existía la intención criminal o negligencia requerida para sostener acusaciones penales contra los integrantes del chat, pero dejaron clara la situación que les llegó del informe de Justicia, que fue la base para su decisión.
La FEI refirió a uno de los integrantes del polémico chat, Elías Sánchez Sifonte, a la Oficina del Procurador General para el proceso, por su implicación en un caso que supuso un escándalo político sin precedentes en el verano de 2019 que terminó con la dimisión de Rosselló, tras la presión en la calle de los puertorriqueños, indignados por el contenido, que incluía insultos y mofa a figuras públicas y distintos colectivos.
NO SE PERMITEN INTERPRETACIONES
La resolución de la FEI matiza que el Código Penal no permite interpretaciones fuera de lo establecido estatutariamente de forma específica.
"El ámbito que ejercemos nos priva de actuar con la emoción, el enfado o con sentimiento, si no, con la razón, la convicción y la pureza de los procedimientos legales. De otra manera, sería torcer el precepto de la ley, lacerando como han intentado muchos en posiciones de alta jerarquía, la confianza en el sistema de justicia del país", indica la resolución.
A pesar de todo, la resolución matiza que no hay prueba de la comisión de delito que conlleve la presentación de cargos criminales, menos aún con el "quántum" requerido de más allá de duda razonable.
Agencia EFE
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