CARACAS.- La sentencia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra los llamados "narcosobrinos" de la todopoderosa pareja presidencial venezolana cayó como un bomba en Caracas: 18 años de prisión sin beneficios penitenciarios en una cárcel del sur de Florida (en la que ya permanecieron dos años entre rejas) para Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores (mujer del presidente Nicolás Maduro).
Ambos habían sido condenados el año pasado por conspiración para traficar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. También deberán pagar 50.000 dólares de multa. Periodistas venezolanas presentes en la sala aseguraron que los dos primos, por primera vez, pidieron disculpas por su crimen. Ambos lloraron al conocer la sentencia.
Se trata de un fallo histórico, imposible en la actual Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia ejerce como martillo político y judicial contra el Parlamento y la oposición. Desde hace una docena de años, todos sus veredictos favorecieron al chavismo.
La agencia antinarcóticos norteamericana (DEA) detuvo a los Flores en noviembre de 2015 en Puerto Príncipe (Haití), cuando realizaban negociaciones para enviar el primer cargamento de cocaína a unos supuestos narcos mexicanos, que eran agentes encubiertos estadounidenses.
A pesar del silencio que mantuvo el Palacio de Miraflores durante este tiempo, más allá de las habituales acusaciones contra el "imperio" por conspiración, la vinculación familiar, sobre todo de Efraín Campo Flores, va más allá de un simple sobrino. El joven, de 31 años, fue criado por la primera combatiente revolucionaria y se convirtió en ahijado de Maduro.
El presidente sólo tiene un hijo, Nicolás Maduro Guerra, que es uno de los delegados de la Asamblea Nacional Constituyente.
El otro condenado, Franqui Flores de Freitas, es hijo de uno de los hermanos de Cilia Flores, acusada de nepotismo mientras presidió la Asamblea Nacional y la Procuraduría General de la República. Efraín Campo trabajó durante tres años en el Parlamento Latinoamericano, a pesar de su absoluta inexperiencia política.
"Es un caso de secuestro y de venganza? Tenemos elementos, tenemos las fotos de los funcionarios de la DEA que incurrieron en delito aquí en Venezuela", argumentó Cilia Flores a principios de 2016, precisamente cuando ya había tomado posesión de su acta de diputada. En algunas de sus declaraciones ante el juzgado, los sobrinos de la primera dama explicaron que parte del dinero de la operación se destinaría para su campaña electoral.
"¿Ustedes creen que es casualidad que el imperialismo haya creado una causa que tiene como único objetivo atacar a la primera combatiente, a la esposa del presidente?", se cuestionó el propio Maduro hace un año.
El veredicto final no obtuvo la clemencia que buscaba la familia de Efraín cuando enviaron una serie de cartas al juez en las que pedían una segunda oportunidad. "Son dos jóvenes estúpidos y novatos", según sus abogados defensores, que quisieron hacerse millonarios, ajenos al narcotráfico, y que cayeron en la trampa tejida por la DEA.
Uno de los detalles más controvertidos del proceso, que se prolongó dos años, es la identidad del financiador de la defensa. Se trata del empresario Wilmer Ruperti, millonario gracias a sus negocios con el chavismo. "Esto perturba la tranquilidad de la familia presidencial. Uno necesita que el presidente esté calmo", dijo el empresario a The Wall Street Journal.
Ruperti es uno de los contratistas privilegiados cercanos a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la empresa estatal petrolera aplastada hoy por la corrupción y la pésima gestión.
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