MADRID (Reuters) - La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afirmó el jueves que los ciudadanos de la capital catalana podrán votar en el referéndum de independencia convocado el próximo uno de octubre "sin poner en riesgo a la institución ni a los servidores públicos".
El anuncio de Colau, en su cuenta de twitter, no detalló la fórmula para facilitar la votación en la capital, cuya materialización había sido puesta en duda ante las reservas previas de la alcaldesa a ceder las instalaciones públicas para celebrar el referéndum, en contra de lo mandatado por los tribunales de justicia.
De hecho, según diversas fuentes, el acuerdo con la Generalitat para facilitar el voto no incluirá la cesión de locales ni recursos municipales después de que el secretario general del ayuntamiento dijese en un informe no preceptivo que el uso de locales del consistorio supondría incumplir un mandato "claro y taxativo" del Constitucional.
El segundo teniente de alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, del Partido Socialista de Cataluña (PSC) dijo que "el ayuntamiento de Barcelona no facilitará medios ni locales para el 1-O, como indica el informe del Secretario, por respeto a las leyes y resoluciones judiciales".
"Buena noticia", dijo el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, tras retuitear el mensaje de Colau. "Hemos encontrado la manera de hacer posible una aspiración que compartíamos (...) cada uno preservando lo que teníamos que preservar: las instituciones, los funcionarios y, sobre todo, un derecho básico como es que la gente de Barcelona podrá votar", dijo posteriormente según declaraciones recogidas por La Vanguardia.
El apoyo de la diputación barcelonesa ha sido considerado clave en este proceso al tratarse de la ciudad con mayor población en la región y teniendo en cuenta que Colau ha insistido en diversas ocasiones en la necesidad de no quebrantar la ley ni poner en peligro a la institución o a sus funcionarios.
El anuncio se produce en plena escalada del choque institucional entre el gobierno central y el catalán con los tribunales de por medio y después de que esta misma mañana la Administración catalana comunicase al Ministerio de Hacienda español que no enviará los informes de gastos semanales de la Generalitat.
A partir de las ocho de la tarde está previsto el inicio de una campaña del referéndum que el Ejecutivo central ya ha dicho que tendrá respuesta en los tribunales al considerar ilegales los actos políticos sobre una consulta paralizada por el Tribunal Constitucional.
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